En octubre de 2002 se sancionó la ley 25673 aprobada por la mayoría de las/los legisladores/as de los distintos partidos políticos. La norma estableció la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable con el propósito de garantizar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de toda la población y disminuir las desigualdades que afectan la salud sexual y la salud reproductiva, desde una perspectiva de derechos y de género.

 

A partir del año 2003 el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable se puso en marcha en todo el territorio nacional, con los siguientes objetivos:

 

 - Alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia;

 - Disminuir la morbimortalidad materno-infantil;

 - Prevenir embarazos no deseados;

 - Promover la salud sexual de los adolescentes;

 - Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/Sida y patologías genitales y mamarias;

 - Garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable;

 - Potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable.

 

En el ordenamiento jurídico nacional, los derechos sexuales y reproductivos tienen jerarquía de derechos constitucionales.

 

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