Como ya es costumbre, el gobernador Bordet termina el año cercenando derechos a las y los trabajadores.

 

Las Comisiones Directivas de AGMER, ATE, UDA y SADOP que integran del Frente Gremial manifiestan su total y absoluto rechazo a la Resolución 077/20 Caja de Jubilaciones emitida con fecha 18 de noviembre del corriente con la firma del presidente de dicho organismo, Edgardo Scarione, y de la Vocal Lidia Santiago.

 

Dicha Resolución deroga las Resoluciones 07 y 08 de 2001, normativas éstas que instituyeron una concesión de derechos a favor de las y los trabajadores que pretendieran acceder a los beneficios de jubilación ordinaria especial, flexibilizando e incorporando el “3 x 1” (compensando 3 años de exceso de servicio por 1 año de edad) a estas jubilaciones especiales, resoluciones que equiparaban y daban trato igualitario a los beneficiarios de Jubilaciones ordinarias comunes (expresamente contenidas en el art. 39 de la Ley 8732) con las especiales (que acceden a este 3 x 1 por la interpretación ampliatoria instituidas en las resol. 007 y 008).

 

De tal manera dichas normativas derogadas tenían como propósito central reparar una situación de injusticia generada a partir del carácter limitado del Art. 39 de la Ley 8732 que no contenía las jubilaciones ordinarias especiales establecidas mediante Decreto a partir de 1994.

 

Para ser muy claros, las Resoluciones 07 y 08, derogadas por la 077/20 surgieron con el propósito de cumplir una función equiparadora, reparadora e instituyente de una igualdad ante la Ley, de los beneficiarios del sistema, en tanto el artículo 39 sólo había concedido para una sola de las categorías de beneficio la posibilidad compensatoria (3x1), generando de esta manera una situación no sólo injusta sino inconstitucional por su diferenciación injustificada.

 

Por otro lado, y fundamentalmente, estamos hablando de derechos ejercidos por los trabajadores y trabajadoras desde hace 26 años, y por su uso y prácticas adquieren la definición de derechos VINCULANTES, es decir, plenos, tal cual lo estipula el Nuevo Código Civil y Comercial. Tampoco podemos dejar de hacer mención a que las Resoluciones 07 y 08 constituían disposiciones destinadas a ampliar derechos que se encuentran contenidos en los Tratados de Derechos Humanos (a la jubilación) y como tales, los atraviesa e impregna el principio de PROGRESIVIDAD, es decir, una vez que se hayan reconocido este tipo de derechos, no es posible luego, por actos gubernamentales posteriores, desconocerlos o retacearlos. Y no hay otra posibilidad más que la de garantizar su plena e inmediata efectividad, con tendencia a ampliar la protección en el futuro antes que a reducirla.

 

En este sentido, la Resolución 077/20 claramente es inconstitucional. En este sentido manifestamos: las consecuencias nocivas de dicha Resolución tensionan la edad jubilatoria y la Ley 8732.

 

Queda claro, entonces, los motivos del desembarco de Scarione a la Caja: llegó para hacer la tarea planificada por el gobernador; es decir, modificar la 8732 avanzando con un solo objetivo, el ajuste a cualquier costo.

 

Pero el único responsable es Bordet. Comenzamos el año resistiendo los intentos de reforma, tuvo que dar marcha atrás debido al reclamo generalizado del conjunto de las organizaciones sindicales y la masiva movilización que llevamos adelante en el espacio de la Multisectorial, en donde dejamos muy claro nuestra postura de resistir ante cualquier intento de modificación de la misma. En Marzo, el Ejecutivo volvió a dar muestras de su manifiesta voluntad de no atender las demandas de las y los trabajadoras al abandonar unilateralmente el espacio de la paritaria salarial docente (poniéndose por fuera de la Ley), desde Junio –y también- desde la Multisectorial le acercamos un programa en donde aportamos propuestas de redistribución de la riqueza y así contar con recursos económicos para atender y dar respuestas al salario de las y los trabajadores, atender la demandas sociales, la salud, etc. La respuesta de Bordet al diálogo social fue enviar a la Legislatura un proyecto de Ley –aprobado- en tiempo exprés que contenía un feroz ajuste al bolsillo de las trabajadoras y trabajadores de la provincia (activos y jubilados) elevando los aportes personales y atacando el 82 % consagrado en la Constitución de la Provincia.

 

Las acciones de resistencia del Frente Gremial lograron frenar buena parte de la intentona en el ámbito judicial. Luego, la respuesta a nuestras demandas de discusión salarial fue un bono, en negro e insignificante, además de distorsivo. Mientras continúa negándose a sentarse en paritaria salarial.

 

Esto es el gobernador de la provincia de Entre Ríos, un constructor especialista en levantar muros, un negacionista del diálogo, un convencido en que las trabajadoras y los trabajadores somos una carga demasiado costosa y por tanto variable de ajuste. Así se explica la definición política de forzar el regreso a la presencialidad a las aulas de manera improvisada, aventurada, desatendiendo los índices de crecimientos de la pandemia en la mayoría de los departamentos.

 

No hay diálogo en Entra Ríos, las trabajadoras y trabajadores no somos los responsables de haber tomado una deuda escandalosa. El Ejecutivo Provincial deberá hacerse cargo de sus decisiones.

 

Exigimos la inmediata derogación de la Resolución 077/20, advertimos que no es el camino apropiado profundizar la angustia y el malestar de las y los trabajadores, porque vamos directamente a la profundización del conflicto.

 

Exigimos inmediata continuidad a la discusión paritaria salarial, derogación de los Art. 4, 5 y 6 de la Ley de ajuste y marcha atrás con el retorno a una presencialidad totalmente improvisada e inconsulta.

 

¡Basta de gobernar de espaldas a las trabajadoras y trabajadores!