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DOCUMENTO DE LA MULTISECTORIAL DE DERECHOS HUMANOS

24 DE MARZO DE 2024

A 48 AÑOS DEL ÚLTIMO GOLPE DE ESTADO CÍVICO MILITAR CLERICAL

 

   Dijimos Nunca Más. Cuando recuperamos la democracia hace 41 años, los argentinos y las argentinas dijimos Nunca Más a la dictadura, a las desapariciones forzadas, los secuestros y el robo de bebés. Nunca Más a la construcción del enemigo interno y su posterior exterminio.

 

   El movimiento de derechos humanos y los sectores populares dijimos, también, Nunca Más a la imposición de un modelo económico opresor y entreguista, de miseria planificada, por el que las fuerzas armadas y corporaciones empresariales implementaron el terrorismo de Estado. 

 

   Construimos ese Nunca Más en la calle, a través de la lucha, en un abrazo de todes quienes queremos un país con igualdad y justicia social; derechos humanos y memoria. Así fue como lo hizo el pueblo durante los tiempos de la dictadura, con nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo al frente, y a lo largo de la historia reciente.

 

   Hoy nos encontramos nuevamente en esta plaza, que cada año nos cobija para conmemorar el aniversario del último golpe de Estado; el que dio lugar a la dictadura más sangrienta, que diezmó a toda una generación de militantes.

 

   A 48 años del 24 de marzo de 1976, esta marcha nos encuentra ante una bisagra de la historia. Aquel Nunca Más que tanto nos costó conquistar comenzó a estar en peligro con el atentado a la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y está hoy amenazado por un gobierno nacional que ejecuta el ajuste más perverso y cínico, que no solo reedita el proyecto de la dictadura genocida, sino que va más allá, en una embestida que pretende retrotraernos a los tiempos más injustos de nuestra historia, previos al Estado de derecho. Solo les falta sacar los tanques a las calles para terminar de sembrar el terror; algo que comenzará a ser un hecho con la ilegal habilitación a las Fuerzas Armadas para actuar en asuntos de seguridad interior.

 

   No nos vamos a quedar mirando cómo recrean la Doctrina de la Seguridad Nacional, y sitúan en la representación del enemigo interno a todes quienes luchan: organizaciones sociales y políticas, feministas, sexualidades disidentes, ambientalistas, pueblos originarios, sindicalistas, dirigentes partidarios, empleados públicos, jubilados y cualquiera que se oponga al gobierno del presidente Javier Milei y sus aliados y patrones. O todavía más: todos aquellos que no son, ante los ojos de las corporaciones, “argentinos de bien”.

 

   Hace un año, en este mismo lugar, advertimos sobre el crecimiento de una ultraderecha dispuesta a todo con tal de lograr sus objetivos. Lamentablemente, no nos equivocamos: tras el fracaso de las políticas económicas del gobierno anterior, el electorado optó por una expresión política que se vanagloriaba ir contra “la casta”. Sin embargo, todo fue parte de la gran estafa electoral que enmascaraba la propuesta de las viejas recetas neoliberales, ahora adornadas con el barniz de ideas vetustas, sectarias y dogmáticas, que solo traen más hambre y miseria para el pueblo.

 

   Con el repetitivo discurso del déficit cero, avanzan hacia el desguace del Estado con el cierre de organismos como el INADI, el Ministerio de las Mujeres y Diversidad, la cancelación de la federalización del ahora alienado Ministerio de “Capital Humano” mediante el cierre de los Centros de Referencia, el vaciamiento del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, y el recorte criminal a la salud pública, la educación, las universidades y la investigación científica. No se detienen en los derechos básicos conquistados por la histórica lucha, sino que le ponen la bandera de remate a nuestro país, con anuncios de privatizaciones y la concreción de cierre de empresas públicas.

 

   Avanzan también sobre los medios públicos, como vimos con la clausura de la agencia Télam y la amenaza de privatización de las radios nacionales. Denunciamos que esto afecta no solo a las fuentes de trabajo, sino también al derecho de la ciudadanía a estar informada, al suprimir el paradigma de la comunicación democrática, plural y federal, en pos de un discurso único atado a los intereses de las grandes corporaciones. Este avance va de la mano de la suspensión del financiamiento estatal para los medios comunitarios, a través del FOMECA, y el anuncio de eliminar la Defensoría del Público.

 

   Basta de vaciamiento, desfinanciamiento y ataque a la cultura y las artes. La cultura, es pluralidad de voces, es garantía de identidades y subjetividades; son las miradas sensibles y críticas de este mundo. ¡La cultura es un derecho y es trabajo!

 

   Declaramos la importancia fundamental de la salud como Derecho Humano y como bien social de interés público, frente a la amenaza de propuestas que atentan contra un sistema sanitario solidario e inclusivo, cuya calidad de atención se ve claramente afectada por el ajuste presupuestario, por falta de medicamentos, insumos y recursos humanos.

 

   Milei y sus secuaces, como Luis “Toto” Caputo, se arrodillan ante el Fondo Monetario Internacional y pagan la deuda externa que ellos mismos contrajeron y se fugaron sus amigos durante el macrismo, a costa del hambre de las mayorías.

 

   Ellos trajeron de vuelta al Fondo y mientras nos dicen "no hay plata", ya pagaron entre enero y febrero 2,5 billones de pesos de intereses de esa deuda, mucho más de lo que representa el pago de jubilaciones de todo el país.

 

   Así, avanzan en su objetivo de imponer un modelo colonial. Sobran ejemplos para certificarlo: renuncian al proyecto del canal Magdalena como salida al mar, entregan la soberanía de las Islas Malvinas, ceden el control del espacio marítimo a los ingleses y del río Paraná a los yankis; promueven la compra de aviones a la OTAN y se alinean incondicionalmente con Estados Unidos e Israel, justificando la masacre al pueblo palestino por parte de la criminalidad sionista. 

 

   Por eso es necesario seguir levantando una consigna cada vez más hecha carne en la sociedad: La Patria no se vende. Con Memoria, Verdad y Justicia el pueblo se defiende.

 

   La presión por la dolarización del capital financiero y la devaluación por el capital productivo local, han provocado una fuerte caída de la actividad económica. El azote al bolsillo de los sectores populares no se aguanta más, con aumentos de más 300% en alimentos y medicamentos, la suba de tarifas de energía y del transporte como contracara del congelamiento salarial, despidos y ajuste estructural.

 

   No queremos que las universidades sufran el brutal ataque que sufrieron las demás agencias e instituciones del Estado y que repudiamos enfáticamente. En las universidades ¡no pasarán!

 

   Las instituciones educativas son el principal adversario de este modelo económico, individualista y antinacional. Hoy están en riesgo nuestras universidades, las cuales funcionan con un presupuesto desactualizado, con valores del año 2022, cuando hubo una inflación de más del 300%; con becas igualmente desactualizadas, reducidas y excluyentes, lo que pone en riesgo el trayecto educativo de millones de argentinos y argentinas; con una suba del transporte público que afecta tanto a los estudiantes como a los trabajadores de las instituciones. La universidad como bandera esencial de nuestra democracia debe ser defendida. El alumnado, docentes y el personal administrativo tienen derecho a tener asegurado su futuro y sus puestos de trabajo. No estamos dispuestos a soportar más atropellos a nuestros salarios, no estamos dispuestos a entregar nuestras universidades.

 

   Nuestra denuncia también está dirigida al Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Petovello, quien, desde diciembre del 2023, se encarga de que no llegue mercadería a los comedores; recorta los salarios que reciben nuestros compañeros laburantes para llegar a fin de mes y persigue a quienes deciden manifestarse. Este mecanismo perverso que lleva adelante el gobierno de Javier Milei nos llena de hambre, de impotencia y de rabia que utilizaremos para salir a la calle.

 

   Denunciamos la eliminación y vulneración de los diferentes programas gubernamentales como el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y el Salario Social Complementario, también llamado Potenciar Trabajo, lo que pone a nuestros compañeros y compañeras en una situación crítica y angustiante.

 

   Pretenden hambrear al pueblo para modificar la matriz distributiva del ingreso en nuestro país. Con el hambre no se jode, exigimos la urgente entrega de alimentos en los comedores y merenderos donde van nuestros gurises y jubilados a buscar el único plato de comida al que pueden acceder. Nunca Más la miseria planificada para les trabajadores de la economía popular y los sectores excluidos que hoy ven amenazado el reconocimiento de su trabajo ante la modificación del Potenciar Trabajo, otra maniobra para desorganizar la trama común de los de abajo.

 

   Alertamos sobre el impacto de la feminización de la pobreza en los cuerpos de las mujeres y las disidencias, y repudiamos fervientemente el negacionismo sobre la violencia de género que deja a las víctimas sin acompañamiento de las instituciones públicas y sin seguridad para la radicación de las denuncias.

 

   Al mismo tiempo que reivindica los tiempos del genocidio hacia los pueblos originarios, el gobierno nacional busca instaurar un proyecto unitario de país, con provincias cada vez más empobrecidas, en beneficio de la Capital. En esto cuenta con la complicidad de gobernadores como Rogelio Frigerio que, aunque se vista de paloma, se ve a lo lejos que está del lado de quienes pretenden entregar nuestro país como nunca antes.

 

   Para muchos pequeños y medianos productores del campo, el aumento del dólar a casi el doble del valor de cuando asumieron, hizo que los insumos de producción sean incomprables. Esta decisión generó que muchos ya no puedan seguir produciendo y los expulsó del territorio.

 

   En paralelo, el modelo productivo sigue poniendo en riesgo la salud y el arraigo rural de las futuras generaciones, con una alta concentración de la tierra para la producción de cereales transgénicos en la provincia más envenenada del mundo con glifosato y otros agrotóxicos. Exigimos que paren de fumigar a las escuelas rurales, a nuestros gurises y docentes.

 

   Denunciamos y seguiremos denunciando que nos gobiernan un presidente y una vicepresidenta que se burlan de los desaparecidos y desaparecidas, que vapulean la lucha de los y las sobrevivientes y familiares, y que van más allá del negacionismo de la dictadura y sus crímenes y directamente reivindican el terrorismo de Estado. Ante esto, reiteramos una vez más: no hubo guerra, no hubo excesos. Son 30.000 y fue genocidio.

 

   Y le pedimos a la vicepresidenta Victoria Villaruel, que frecuenta a condenados por delitos de lesa humanidad, que les diga a sus amigos genocidas que abran los archivos, que confiesen lo que saben y que, de una vez por todas, se termine con el ocultamiento y con esta espera eterna por conocer el destino de cada uno de nuestros compatriotas víctimas del poder desaparecedor.

 

   Además, es inadmisible el desmantelamiento de los organismos gubernamentales de la provincia dedicados a llevar adelante las políticas públicas de Verdad, Memoria y Justicia, como el Registro Único de la Verdad, y la desaparición del Programa de Acompañamiento a Víctimas del Terrorismo de Estado. Hace unos días quisieron despedir al 50% del personal del Registro Único de la Verdad. Vaciaron el área, reduciéndola a una mera oficina, sin presupuesto, sin edificio propio y sin vehículo, el cual fue asignado a tareas de inteligencia. Así de perverso. Exigimos al gobierno de Frigerio: Basta de vaciamiento. Basta de trabajar para el olvido.

 

   Ejerciendo nuestros derechos como ciudadanas y ciudadanos defensores y militantes de la MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA, exigimos también a los legisladores provinciales el rechazo al pliego del candidato a vocal del Consejo General de Educación, Santiago Laumann, porque forma parte de un espacio político que promueve el negacionismo y reivindica el terrorismo de Estado y el genocidio.

 

   La calle es el lugar que históricamente hemos elegido para disputar los sentidos, es la base ética que construye cotidianamente nuestro territorio entrerriano. Por eso aquí estamos compañeres, en estas calles y en las calles de todo el país.

 

   La Memoria se disputa en múltiples escenarios, uno de ellos el judicial; allí hemos avanzado como ningún otro país de la región en el JUICIO Y CASTIGO a los culpables del genocidio, un camino colectivo de aprendizajes desde donde construimos memoria sobre cómo, desde el aparato represivo del Estado, secuestraron, torturaron, robaron bebés, violaron, asesinaron y desaparecieron personas de manera sistemática. Deshumanizándolos, despojándolos de sus nombres, de sus padres y madres, de su identidad, de su integridad, y de sus cuerpos.

 

   Porque con la realización de los juicios no solo pedimos condenar a los torturadores sino a la tortura, no solo pedimos condenar a los desaparecedores sino a la desaparición forzada, no solo pedimos condenar a los violadores sino a la violación, no solo pedimos condenar a los apropiadores de niños y niñas sino al robo de bebés, al robo de su identidad y de su verdadera historia.

 

   Porque todos esos actos no solo borraron la humanidad de los torturados, de las violadas, de los desaparecidos y desaparecidas, sino aún más, el genocidio fue un proyecto de borrar siglos de aprendizajes culturales desarticulando la sociedad.

 

   Logramos en los juicios no solo la pena para el perpetrador del crimen, sino también el reconocimiento del contexto histórico y el marco en el que se llevó adelante ese obrar represivo. Indagamos sobre cómo ocurrieron los hechos y de qué se trató el plan sistemático de eliminación, el plan Cóndor, la doctrina de la seguridad nacional, y por eso hace tantos años insistimos y seguiremos insistiendo en investigar, juzgar y castigar a los responsables.

 

   No queremos a esos condenados cómodos en sus casas, en prisiones domiciliarias, celebrando fiestas de aniversarios o cumpleaños como si con esa condena pudieran hacer lo que quieran. ¡A los genocidas los queremos en CÁRCEL COMÚN!

 

   Escuchamos a víctimas y familiares relatar una y otra vez el horror, y sabemos que es imposible borrar el dolor que causa la muerte y desaparición de un ser querido, de un nieto que espera ser restituido, de una violación o de pasajes de picana eléctrica por el cuerpo. Se vive con la desaparición y con las huellas de la tortura, en mayor o menor medida, toda la vida.

 

   Y acá queremos ser claros, los juicios por los crímenes de la dictadura en algún momento se terminarán, pero no será por una decisión política, sino PORQUE EL ÚLTIMO GENOCIDA SEA CONDENADO Y LA ÚLTIMA VÍCTIMA REPARADA. Por eso exigimos a la Justicia Federal celeridad en las investigaciones, porque las víctimas sobrevivientes se están muriendo sin poder ver a sus verdugos siendo juzgados.

 

   Milei y Villarruel montan su plan de gobierno sobre la fantasía manifiesta de volver a la Argentina de las extremas injusticias sociales y económicas, la de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquella de los niños bien, hijos de la rancia oligarquía, que se divertían tirando manteca al techo mientras vivían su despreocupada locura en Europa, ajenos a las penurias del pueblo; la de las grandes estancias ganaderas conformadas a costa de la sangre de los pueblos originarios y del sudor, el sacrificio y la explotación de criollos e inmigrantes.

 

   Milei y Villarruel, en la búsqueda de ese objetivo, se parecen demasiado a Videla, Massera y Agosti. A Martínez de Hoz y Domingo Cavallo. A Galtieri, Viola y Bignone. Usan las mismas palabras, ejecutan el mismo plan y sus métodos represivos son cada vez más similares. Para ellos, quienes militan las causas populares son considerados sospechosos. Para ellos, reclamar es un delito; quien se opone merece cárcel o bala; y dicen que la justicia social es una aberración promovida por delincuentes.

 

   En ese marco se inscribe un hecho gravísimo de los últimos días: una compañera de la agrupación H.I.J.O.S. fue atacada en su domicilio por personas que la estaban esperando. La golpearon, abusaron de ella y la amenazaron de muerte. Le dijeron “No vinimos a robarte, vinimos a matarte. A nosotros nos pagan para eso”. Lo único que se llevaron fueron papeles con información sobre su militancia en derechos humanos y escribieron en la pared: Viva La Libertad Carajo. Repudiamos con todas nuestras fuerzas este hecho, propio de una dictadura, que refleja una vez más que los discursos de odio no son inofensivos, sino que suelen tener desenlaces que representan graves violaciones a los derechos humanos.

 

   Por eso mismo, también decimos una vez más: ¡Libertad a Milagro Sala, presa política del criminal gobernador de Jujuy!

 

   Con su ilegal protocolo antipiquetes como regla, la represión policial que se despliega ante cada movilización busca disciplinarnos, inmovilizarnos y dejarnos quietos en nuestras casas. Buscan deslegitimar la lucha y debilitar a las organizaciones del pueblo como herramienta natural de organización de la sociedad. No escatiman en maniobras asesinas como las que terminaron con la vida de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado, muertes que aún deambulan por los pasillos del Poder Judicial sin reparación a familiares de las víctimas y al pueblo en su conjunto.

 

   En paralelo con la represión de la protesta, el Gobierno profundiza la violencia institucional. Retoma la doctrina Chocobar legalizando el gatillo fácil y otorga más poder a las fuerzas de seguridad para actuar discrecionalmente y sin control civil. El gobierno de Milei, Villarruel y Patricia Bullrich, y su versión local de Rogelio Frigerio y Néstor Roncaglia, sobreactúan con saturación policial en las calles, su circo mediático de la alegada lucha contra el narcotráfico y otros delitos, mientras someten a situaciones de tortura a las personas privadas de su libertad, como fieles admiradores de Bukele. Amplían y desvirtúan la legítima defensa para que los efectivos puedan disparar a matar, disponiendo de hecho la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales.

 

   En ese mismo sentido, La Libertad Avanza presentó recientemente un proyecto de ley para autorizar a la Policía de Entre Ríos a utilizar armas no letales, como las famosas Taser. Rechazamos de plano esa iniciativa, que atenta contra los derechos fundamentales de todos y todas y otorga más poder para actuar discrecionalmente a las fuerzas de seguridad.

 

   Las víctimas de esta violencia estatal suelen ser siempre las mismas: jóvenes pobres, habitantes de barrios populares, personas trans, con consumos problemáticos y otros grupos estigmatizados durante décadas.

 

   En nuestra provincia, la policía de Frigerio y Roncaglia sigue violando los más elementales derechos humanos. La muerte de Ariel Goyeneche cuando se encontraba detenido en la puerta de la Comisaría Segunda de Paraná, es el hecho más reciente. Nos solidarizamos con la familia de Ariel, nos sumamos a su reclamo de justicia y acompañamos su denuncia contra quienes llevaron adelante este crimen atroz.

 

   Este hecho revela también cómo se criminaliza a quienes atraviesan situaciones de consumo problemático o padecimientos de salud mental, a la vez que demuestra la falta de preparación de los integrantes de las fuerzas para actuar en estos casos y el desinterés de las autoridades en hacerlo.

 

   Pero el de Ariel no es un caso aislado en Entre Ríos, ni tampoco es algo novedoso. Desde hace décadas venimos denunciando las desapariciones forzadas en democracia, como las de Héctor Gómez, Martín Basualdo y Elías Gorosito, y los casos de gatillo fácil y otras formas de violencia policial que han tenido como víctimas mortales a Iván Pérez, Gabriel Gusmán, Vicky Núñez, Sebastián Briozzi, Leonardo Quintana, Erik Valdez, Totín Pérez y muchos otros.

 

   A esta trágica lista se suman las víctimas de la represión de diciembre de 2001 en Paraná, ordenada por el entonces gobernador Sergio Montiel: Romina Iturain, Eloisa Paniagua y José Daniel Rodríguez, a quienes se agrega el entrerriano asesinado en Rosario, Claudio Pocho Lepratti. No ha habido justicia para todos ellos, pero siempre habrá memoria.

 

   La violencia institucional también se expresa en torturas y detenciones arbitrarias. En ese sentido, apoyamos el trabajo que comenzó a realizar el Comité Provincial contra la Tortura, que integran representantes de organismos de derechos humanos. Exigimos al gobierno de Frigerio la continuidad de esta política, con su correspondiente financiamiento, para acabar con los malos tratos, castigos y otras violaciones a los derechos humanos que se aplican en las cárceles y comisarías.

 

¡¡¡NO NOS VAMOS A QUEDAR DE BRAZOS CRUZADOS!!!

 

   Ante el panorama desolador que vivimos, el legado de los compañeros y compañeras desaparecidos y desaparecidas nos interpela. Solo la lucha popular, en unidad, puede frenar la embestida de la derecha. La huelga del 24 de enero fue clave en el freno a la Ley Ómnibus en el Congreso. Las organizaciones sindicales tienen también una responsabilidad histórica. Construyamos en conjunto las medidas de fuerza y todas las herramientas de lucha que sean necesarias para ponerle límite al DNU, que pretende ser una reforma constitucional de facto. Sigamos por el camino que marcaron muchos dirigentes y el conjunto del movimiento obrero organizado, antes y durante la dictadura. 

 

   El pueblo argentino sabe de organización y perseverancia. Hay una identidad de lucha en cada sector vulnerado de nuestra Patria a lo largo de nuestra historia. Es nuestro gran potencial. Hurguemos en nuestras fibras y los lazos colectivos que supimos construir, para reencontrarnos con esa experiencia, con esa fuerza y así poder defender con firmeza todo lo conquistado hasta aquí.

 

   Sigamos el ejemplo de nuestros compañeres desaparecides y de nuestras Madres y Abuelas. De Clara Fink, Carmen Germano, Amanda Mayor, Pepita Goyeneche, María Cristina Portillo de Erbetta, Sara Sarmiento de Osuna, Benjamina Sosa, María Antonia Lobariña y todas aquellas mujeres que transformaron el dolor en lucha y enfrentaron a la dictadura.

 

   Sigamos adelante hasta encontrar al Melli Valenzuela Negro, nacido en la maternidad clandestina que funcionó en Hospital Militar de Paraná. Les preguntamos a los dueños del IPP, Torrealday y Rossi, ¿A quién le entregaron al melli? ¿A quién están encubriendo?

 

   Sigamos adelante hasta condenar al último genocida, porque la Memoria, la Verdad y la Justicia son fundamentales para seguir construyendo el Nunca Más.

 

   No pasarán. Diremos Nunca Más las veces que haga falta.

 

PORQUE APRENDIMOS CON LAS MADRES Y ABUELAS QUE SOLO SE PIERDE LA LUCHA QUE SE ABANDONA.

 

DEFENDAMOS LA VIDA, DEFENDAMOS LA CALLE, DEFENDAMOS LA MEMORIA, DEFENDAMOS AL PUEBLO

 

30.000 COMPAÑERES DETENIDES DESAPARECIDES PRESENTE!

30.000 COMPAÑERES DETENIDES DESAPARECIDES PRESENTE!

30.000 COMPAÑERES DETENIDES DESAPARECIDES PRESENTE!

 

¡AHORA Y SIEMPRE!

¡AHORA Y SIEMPRE!

¡AHORA Y SIEMPRE!

#LaLuchaEnLaCalle #Agmer