Se recuerda este día la primera Ley de Fomento Minero sancionada en 1813 por la Asamblea General Constituyente. La minería es una actividad basada en la extracción de recursos no renovables mediante procesos de trituración, molienda, lavado, clasificación, refinación y fundición, los cuales destruyen y contaminan en mayor o menor medida el ambiente en que se realizan.

 

Hasta la década de 1970 en Argentina la minería era una actividad de escala media realizada por unas cien pequeñas y medianas empresas. Actualmente la legislación favorece la instalación de grandes empresas extranjeras, cuya actividad genera un impacto ambiental mucho mayor de los supuestos beneficios económicos y sociales que ofrece.

 

La destrucción de las montañas y la contaminación del agua en las provincias cordilleranas producto de la megaminería a cielo abierto y el daño a la producción frutihortícola y a las comunidades originarias que genera la fractura hidráulica (fracking) en la Patagonia y Mendoza, son solo algunos ejemplos de los impactos de esta actividad.

 

En Entre Ríos, si bien fruto de la lucha socioambiental tenemos una Ley provincial sancionada en 2018 por la cual se prohíbe el fracking, una empresa privada está extrayendo – sin estudios de impacto ambiental serios- arenas silíceas en las zonas de Diamante, Ibicuy y Concepción del Uruguay cuyo destino es, ni más ni menos, que Vaca Muerta. Una gran contradicción, que, además, genera importantes daños en las barrancas y humedales del Delta del Paraná.

 

La lucha en defensa de los bienes comunes debe desnudar las mentiras que las corporaciones construyen en torno a los diversos procesos productivos. Esto implica doblar los esfuerzos cuando hablamos de minería, pues la particular coyuntura energética que está viviendo el mundo, junto a la emergencia sobre el agua dulce, hacen que los intereses del capital concentrado centren toda su dedicación y perversión en saquearnos por estas vías.

 

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