Con fecha de hoy, viernes 27 de junio, el Boletín Oficial del Poder Ejecutivo publicó el Decreto emitido ayer por medio del cual elimina el artículo 3 de la Ley 27.234 (Jornada Nacional “Educar en Igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género”) y los artículos 5 y 6 de la Ley 27.214 (de promoción de la Educación Vial).

 

   Con excusas económicas y cuasi empresariales, el Estado se desliga por decreto de lo que está normado por Ley: nuestro derecho a recibir educación, formación, información veraz, atención, y escucha. Y lo hace en temas tan sensibles como la educación vial y la violencia de género. Ambas temáticas que nos llevan cada vez más escandalosamente a contar fallecidos y fallecidas por causas que podrían haberse prevenido y evitado. Con la acción del Estado.

 

   En el mismísimo artículo 01 de la Ley 27.214 de promoción de la Educación Vial se deja establecida la responsabilidad indelegable del Estado en esta materia. Desde Nación, para dar de baja el artículo 5 de esta Ley, que establece la creación del Observatorio de Educación Vial, argumentan que “duplica tareas” con el Consejo Federal de Seguridad Vial, copiando y pegando textos de ambas normas sin profundizar en lo específico de sus roles; sobre todo teniendo en cuenta la vinculación absoluta del Observatorio de Educación Vial con la Educación Pública que brindamos en nuestras escuelas; mientras que el Consejo Federal de Seguridad Vial se haya orientado desde la Ley Nacional de Tránsito, abocándose así a esa área.

 

   Tal como lo señalan los mismos objetivos del Observatorio, detallados en el artículo 5 eliminado, una de sus funciones es, justamente, trabajar articuladamente con la Agencia Nacional de Seguridad Vial; con lo que claramente se desprende que no son una misma cosa, sino que se esperaba de ambas que trabajaran mancomunadamente. Un trabajo que se espera que redunde en una disminución de los siniestros viales, los accidentes, las muertes. No solo no se redoblan esfuerzos por ello -con lo mucho que vemos que hace falta-, sino que se disminuyen.

 

   También se aboca el Decreto a las Jornadas Nacionales instituidas por la Ley 27.234 (sancionada en 2015 y promulgada e implementada desde 2016) “Educar en igualdad: prevención y erradicación de la violencia de género”; argumentando que la responsabilidad de organizarlas no corresponde al Estado Nacional, y que, haciéndolo, se afecta “la eficiencia en la gestión”. Que es prioridad del estado optimizar recursos.

 

   Nos preguntamos entonces, ¿para qué, para quiénes, “optimiza recursos” el Estado, si no es para que no pare de ser un peligro poner un pie en la calle o ser víctima de bulling, acoso, violencia o femicidio? ¿Quién es importante para el Estado? ¿A qué o a quiénes van los frutos de tanto “ahorro” si no es para que nuestras y nuestros gurises conozcan las normas de tránsito, les lleguen campañas fundamentadas y bien hechas, conozcan sus deberes y obligaciones ineludibles al ponerse al volante? ¿A qué o a quiénes van los frutos de tanto “ahorro” si no podemos por un día parar la pelota y poner en común las violencias de todo tipo que vivimos a diario alumnas, alumnos, docentes, comunidades educativas enteras y nuestras familias? ¿Ahorro para qué? ¿Eficiencia para quiénes?

 

Nos preguntamos, al Estado, ¿le cierran los números de las y los fallecidos por violencia o en los siniestros viales? ¿Hasta cuándo vamos a padecer en cada vez más ámbitos de los que nos toca vivir la violencia sin límites? ¿Qué “cuentas claras” son esas?

 

Una vez más, las noticias que informan la emisión de este Decreto fueron pocas, aisladas y sin mayores precisiones en el mar de los conflictos que nos aquejan a diario. Como educadoras y educadores no podemos dejarlas pasar.

 

La Educación Vial y la ESI son conquistas. Si vamos a esperar que a algún privado le importen estos temas, vamos mal. Es el Estado quien debe garantizarlas. Para eso está. Porque nos merecemos poder salir a la calle y seguir vivos. Porque no podemos tolerar más recrudecimiento de la violencia.

 

Repudiamos profundamente la sanción de este Decreto. Demandamos MÁS Estado. Más y mejor para todos y todas. Para eso están.

 

Las cuentas claras deben ser con el pueblo.

 

#LaLuchaEnLaCalle #Agmer