En el día de la fecha —09 de junio de 2020— se reunió el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de AGMER, recordando al compañero docente Aldo Geminani al cumplirse diez años de su trágica muerte, ocurrida durante la jornada de trabajo y como consecuencia de la precariedad en el sistema de transporte de alumnos rurales.

 

Pandemia, vulnerabilidad social, educación y salarios

Nadie puede negar que estamos transitando una crisis a escala global. El capital financiero generó durante años las condiciones necesarias para que esto suceda, y, mientras el “libre mercado” observa con estupor el derrumbe económico, el alarmante aumento del desempleo y el colapso de los sistemas de salud, los Estados vuelven a estar en el centro de la escena para poner freno a una debacle que podría ser mayor. El surgimiento y la propagación del virus fue suficiente para impactar en la base de sustento del neoliberalismo, el mismo que durante más de cuatro décadas ha reforzado su apuesta por un sistema político y social basado en la injusticia, la codicia, la mercantilización y la privatización, mostrando así la peor cara del capitalismo.

 

Este modelo, impuesto a sangre y fuego por la última dictadura cívico-militar, profundizó en democracia la expoliación de los recursos naturales, el extractivismo que saquea y contamina, acumulando en pocas manos ganancias siderales sin pagar impuestos y sin generar trabajo, mientras una mayoría es condenada a la pobreza. Así lo expresa Boaventura de Sousa Santos cuando nos habla de la pedagogía del virus, la cual hace visible la crisis política, ideológica y sanitaria que ha dinamitado los sistemas públicos de salud, educación y trabajo.

 

La falta de igualdad y de justicia encuentra su rostro más cruel en el racismo, la violencia de género, la estigmatización de la pobreza, la justificación de la desigualdad masiva, todo lo cual se expresa en más violencia, en ajuste sobre el pueblo y en la multiplicación de la mentira a través de noticias falaces.

 

Denunciamos a su vez los ataques criminales por parte de fuerzas policiales en Tucumán, Chaco y San Luis. Estos crímenes que ocurren en el marco de un rebrote de fuertes presiones de la derecha fascista, deben esclarecerse para que sus responsables obtengan castigo. El brutal asesinato del obrero rural Luis Espinoza en Tucumán, luego de su secuestro y desaparición, o el ataque sufrido por una familia de la comunidad Qom en Chaco, son hechos que no podemos permitir que sigan ocurriendo. Demuestran lo hondo que ha calado la doctrina Chocobar y los prejuicios de clase, la matriz racista, la desigualdad de género y el desprecio a la dignidad humana. Repudiamos cada uno de estos actos criminales y rechazamos todo tipo de violencia estatal contra el pueblo.

 

En el mismo sentido expresamos nuestra profunda indignación ante el espionaje ilegal llevado adelante desde el año 2018 por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre sindicatos, periodistas, académicos, militantes sociales y organizaciones populares, con fichas que caracterizan a los espiados por su posición respecto a cuestiones que son reivindicaciones históricas de nuestros colectivos. Manifestamos nuestra preocupación y reclamo de pronto esclarecimiento e insistimos en que estas prácticas que nos retrotraen a las peores épocas de la dictadura no pueden volver: ¡Nunca Más!

 

La situación que atravesamos a nivel mundial se torna mucho más grave en esta parte del mundo, con sociedades mucho más desiguales y mayores niveles de exclusión y de pobreza, abandonadas a su propia suerte por el capital financiero. Las argentinas y argentinos estamos todavía lejos de sentir el impacto feroz de la pandemia en los niveles que ha golpeado a varias de nuestras naciones hermanas, pero las similares condiciones sociales y económicas nos expone a los mismos riesgos.

 

Hemos también padecido las consecuencias de políticas regresivas que atentaron contra la salud y la educación, que desarticularon el tejido social, aumentando la desocupación y la marginalidad, y nos condenaron a una deuda francamente impagable. Como sociedad debemos afrontar esta situación en un contexto signado por una pobreza superior al 40% y una emergencia alimentaria preexistente, con ajustes en salud, educación, ciencia y tecnología y un aparato productivo seriamente dañado en su capacidad. La realidad actual nos permite imaginar las consecuencias que habría tenido la pandemia con un modelo de Estado excluyente, donde las políticas públicas en materia de salud se sintetizaban en una decisión tan absurda e irracional como la supresión misma del Ministerio de Salud.

 

En ese escenario, reivindicamos el regreso a una presencia activa del Estado como regulador y garante de derechos. Acordamos además con la urgencia de asistir a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad (PyMEs, monotributistas y hogares en situación de pobreza e indigencia), aplicando medidas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), la exención de cargas patronales, la ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

 

Alertamos también acerca de la existencia de sectores vinculados al capital financiero que todavía hoy, en los peores momentos de necesidad, pretenden continuar asegurando y aumentando sus ganancias, vulnerando las disposiciones sobre los precios máximos–una vez más–, golpeando sobre nuestros salarios ya debilitados y continuando con sus prácticas de suspensiones y cesantías, lo cual ningunea las regulaciones que al respecto se han dispuesto por medio de Decretos de Necesidad y Urgencia.

 

Los costos de esta crisis no pueden volver a caer sobre las espaldas de las y los trabajadores, es momento de avanzar en formas distintas que promuevan la redistribución del ingreso, con mayor solidaridad y justicia social. En esa dirección, acordamos con el impuesto a las grandes fortunas y entendemos que debe ser el punto de partida para una reforma impositiva profundamente progresista, que elimine entre otros puntos el impuesto al salario y proteja principalmente a los que menos tienen.

 

En Entre Ríos el tratamiento frente a la pandemia y las acciones que como sociedad venimos llevando adelante han logrado la escasa circulación del virus. Sin embargo, los casos que han surgido en los últimos días nos obligan a estar alertas, poniendo especial atención a las medidas de cuidado y de prevención. El distanciamiento social y preventivo continúa siendo la responsabilidad de todas y todos. Desde el inicio de la cuarentena nuestra organización ha estado acompañando, poniendo todo lo que está a nuestro alcance en centros de salud, organizaciones sociales y establecimientos educativos. Tenemos el firme convencimiento de que la solidaridad es el paso necesario que tenemos que dar para comenzar a transformar un paradigma basado en el culto por el individualismo y en la idolatría del mercado.

 

Desde este lugar reivindicamos, destacamos y valoramos el desempeño de las y los trabajadores de la educación, en particular de los equipos directivos, personal de cocina y auxiliares que en un escenario adverso continúan fortaleciendo el vínculo entre la escuela y las familias, asegurando escolarización en contextos donde la pandemia también ha puesto en superficie las desigualdades de acceso pleno al derecho fundamental de la educación. Valoramos también el esfuerzo de las familias que integran nuestras comunidades educativas, que en tiempos difíciles y adversos se preocupan en sostener el vínculo escolar de sus hijos e hijas.

 

Insistimos en que es imperativo generar condiciones de trabajo que aporten especialmente tranquilidad, contención y acompañamiento, evitando la sobrecarga laboral, en los contenidos y en las actividades. Debemos comprender lo particular de la situación en la que estamos, los y las docentes, equipos directivos, alumnos y alumnas, sus familias necesitan vivir la educación a distancia sin presiones, porque de ser así a lo único que se aporta es al malestar y a la angustia, que se suman a la incertidumbre que generan las preocupaciones frente a la enfermedad, las dificultades de empleo y los problemas económicos. Cuidarnos también implica paciencia, prudencia y diálogo. Y lo venimos sosteniendo desde el inicio de la cuarentena.

 

Destacamos como un logro importante haber generado un mecanismo de designación de suplencias. El avance global de la pandemia y las medidas implementadas en la necesidad de evitar su propagación dejaron a las y los trabajadores de la educación sin la posibilidad de acceder a espacios de trabajo. Hoy Entre Ríos es una de las pocas provincias que ha conseguido avanzar en un marco normativo sobre esta cuestión, y esa es una conquista de todos los sectores que forman parte de este sindicato.

 

Sobre el retorno a las aulas manifestamos que deberá ser pensado a partir de un profundo diálogo entre los diferentes actores que intervienen en el proceso educativo y en el marco de amplios consensos. Teniendo en cuenta la situación en que nos encontremos frente a la pandemia y los acuerdos sobre un conjunto de puntos que van desde transporte y situaciones edilicias hasta elementos de prevención, distribución de tiempos y espacios, etc., sostenemos que no es posible imaginar el regreso antes del inicio del receso de invierno.

 

La profundización de la crisis económica, social y sanitaria ha golpeado con dureza sobre el salario de las y los trabajadores, y la docencia de ninguna manera es la excepción. En Entre Ríos el avance de la pandemia nos encontró con una discusión salarial no resuelta, y hoy gran parte de nuestro salario se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que el encarecimiento del costo de vida se hace cada vez más difícil de afrontar.

 

Exigimos la urgente convocatoria a la discusión salarial que ponga los ingresos por arriba de los índices de pobreza y dé cuenta de los índices inflacionarios. Sostenemos que el salario no es ganancia y exigimos urgente equiparación salarial de los equipos directivos en función de los acuerdos paritarios anteriores.

 

No es un dato menor que un amplio porcentaje de docentes activos y jubilados no logra cubrir con sus ingresos la Canasta Básica Total ($ 45.593,98 INDEC – abril 2020) y que la Canasta Básica Alimentaria acumuló una suba del 14.8 % en el primer cuatrimestre de 2020.

 

Si a esto le sumamos las deficiencias en la cobertura por parte de las Obras Sociales, que, especialmente para el sector de jubilados sabemos los gastos médicos y de medicamentos insumen buena parte de sus ingresos, es imprescindible la inmediata recomposición salarial de activos y jubilados, los cuales en el corriente año no han tenido ninguna actualización.

 

Repudiamos toda política de ajuste como la reforma previsional de Córdoba y a la vez exigimos para todos los trabajadores jubilados un salario acorde al costo de vida y que tenga relación directa al 82 % móvil de los trabajadores activos de cada sector. Reafirmamos la defensa irrestricta del sistema previsional entrerriano, la ley 8732, solidaria y generacional.

 

Demandamos la continuidad y actualización del pago de los aportes nacionales en el salario. Reclamamos el acceso al IFE para aquellas compañeras y compañeros que no han podido acceder a coberturas de suplencias.

 

Manifestamos nuestra profunda preocupación ante la situación en la que se encuentran nuestras obras sociales, rechazamos las actitudes corporativas que pretenden sacar ventaja a partir de una crisis sanitaria y económica que golpea con fuerza en el salario de los trabajadores. Recordamos, además, que en la provincia tiene vigencia la ley que prohíbe el cobro del plus médico.

 

Destacamos como una conquista central los acuerdos paritarios alcanzados por CTERA referidos a Condiciones de Trabajo en este contexto de pandemia y reclamamos al gobierno provincial que dé cumplimiento a los puntos establecidos en ese ámbito, que tienen fuerza de ley e involucran a todas las jurisdicciones.