Hoy se cumplen 43 años de la quema de libros en un baldío de Sarandí, cerca de la Autopista a La Plata. No eran fuegos inocentes los que sorprendieron a las y los vecinos. Se estaban quemando montañas de libros y publicaciones del Centro de Editor de América Latina. Era el 30 de agosto de 1980, en plena dictadura militar.

   La represión instrumentada a partir del golpe de Estado de 1976 se propuso eliminar cualquier oposición a su proyecto refundacional, aniquilar toda acción (militante, política, social, gremial, sindical, armada, educativa) que intentara disputar su poder.

   La dictadura y sus cómplices civiles aspiraban a rediseñar regresivamente la sociedad en su conjunto. Desde esta perspectiva la cultura fue una preocupación estratégica, considerada un campo de batalla, ya que se observaba en ella un terreno propicio para la “infiltración subversiva”, “la acción disolvente y antinacional”, “la destrucción de valores” a partir de la cual, según este diagnóstico, se produciría el “contagio” del cuerpo social. En ese contexto, ciertos libros y la práctica de la lectura se volvieron "sospechosos" y "peligrosos" (1). Muchos fueron perseguidos, censurados y prohibidos, por lo que la quema no fue un hecho aislado en este contexto.

   En la mañana del 30 de agosto de 1980 un grupo de camiones volcadores descargó 24 toneladas, un millón y medio de libros y fascículos del CEAL en el terreno baldío. Después, un grupo de policías los roció con nafta y los incendió. Además de los policías, estaba presente Boris Spivacow, fundador de la editorial. Antes había sido el director de Eudeba, desde mediados de los años ‘50, y la transformó en la editorial universitaria más importante en lengua española, hasta julio de 1966, cuando en La Noche de los Bastones Largos la editorial fue cerrada por la censura de Juan Carlos Onganía.

   El Centro Editor, creador de los libros quemados, tenía como premisa “más libros para más” y apuntaba a la divulgación de literatura en su más amplia llegada. Boris sostenía que el libro era una necesidad básica, por lo que su precio no debía ser mayor a un kilo de pan. No es casual entonces que fueran estos los libros elegidos para ser quemados. Hay claridad y posicionamiento en el lugar desde el que el Centro Editor se plantaba para editar “libros para todos”.

   Recordamos esta fecha porque 43 años pueden parecer mucho, pero en la historia de un país como el nuestro no lo son; y las sombras de aquel horror de momento no parecen muy lejanas. Hay generaciones que no han vivido estos hechos y desconocen el alcance de definiciones que hagan que no podamos leer con libertad. O expresarnos con libertad, por más que sea eso lo que tanto se pregona.

   La Memoria se vuelve una obligación siempre, y en estos días más. Muchísimas y muchísimos, incluso docentes, han dado la vida por los derechos que hoy gozamos. Acceder a libros, leer diferentes posicionamientos, la libertad de poder expresarlos, la libertad de poder formarnos en la escuela y la universidad pública, son conquistas. Lo supo Boris, hijo de inmigrantes de clase media baja que asistió a la escuela primaria y secundaria pública y pudo luego estudiar Ingeniería Civil y luego Licenciatura en Matemáticas en la UBA. Los saben nuestros pibes y pibas que se forman en la UNER y en la UADER. Lo sabe cada una de nuestras queridas escuelas, que, con la presencia del Estado y el empuje de la docencia, se sostienen día a día.

   La dictadura se propuso controlar, clausurar o bien silenciar todos los espacios, vaciarlos de sentido, buscando eliminar cualquier voz considerada opositora o simplemente crítica. Lo público fue su blanco, y el proyecto de masividad de libros del CEAL lo vivió en carne propia. Memoria es hoy recordar esta quema, y luchar por Nunca Más se torna una obligación.

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