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“Salí por mí y salí por todos”… Maxi y Darío, a 16 años, presentes.

El 26 de junio de 2002, cerca de la Estación Avellaneda, un ejército de policías disparó contra manifestantes. Asesinaron a Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Los responsables políticos de ordenar la masacre continúan impunes, pero el pedido de justicia por ellos no cesa. Desde La Lucha en la Calle los recordamos, y, en ellos a cada militante que pone un pie en la calle reclamando por lo justo y necesario, ayer y hoy más que nunca.

 

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki militaban en el Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (MTD). Aquel día, junto a organizaciones piqueteras y partidos de izquierda, se movilizaron al Puente Pueyrredón. Reclamaban el pago de los planes sociales; el aumento de los subsidios de desempleo; la implementación de un plan alimentario bajo gestión de los propios desocupados; insumos para escuelas y centros de salud barriales; el desprocesamiento de los luchadores sociales y el fin de la represión.

 

La jornada terminó con el asesinato Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la Estación Avellaneda y decenas de heridos que fueron trasladados al hospital Fiorito. En las primeras horas posteriores la versión oficial intentó imponer la idea que los manifestantes se mataron entre ellos. Pero la masacre, registrada por periodistas, derivó en una conmoción social desde el mismo 27 de junio, intensificándose los días posteriores y obligando al entonces presidente Duhalde a adelantar las elecciones generales, a pesar que el 7 de junio de 2002 en una conferencia de prensa afirmaba que de ninguna manera las adelantaría.

 

Juicios y algunas condenas

Por el crimen de Darío y Maxi en 2006 fueron condenados a prisión perpetua el ex comisario Luis Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta. Otros siete efectivos recibieron penas mínimas y al poco tiempo fueron liberados.

Desde julio del 2002 las familias de los jóvenes asesinados reclamaron que se juzgue también a los responsables políticos. La causa contra éstos nunca avanzó más allá de las cuestiones formales y en el año 2010, a pedido del fiscal, se archivó. La lucha de los familiares y de las organizaciones sociales lograron reactivarla en 2014. En esta causa ya declararon como testigos desde la directora del Hospital Fiorito, donde fueron derivados los heridos, hasta la histórica dirigente de Madres Línea Fundadora Nora Cortiñas.

 

El papá de Darío Santillán explica por qué esta causa no puede prescribir: “desde la justicia pretendieron que este caso se cierre como un hecho policial más. No fue un hecho policial, fue un ataque pergeñado por el Estado, ejecutado por la policía y amparado por la Justicia. Si el Estado es el que te mata, se trata de un crimen de lesa humanidad. Esta masacre no fue obra de un loquito, fue una represión brutal para usarlo como caso testigo, para desmovilizar”.

 

A 16 años de este intento del Estado de derrotar a los movimientos sociales con represión y muerte, continúan las movilizaciones y reclamos por lograr juicio y castigo a los responsables políticos de la masacre de Avellaneda.

 

Seguimos y seguiremos tomando las calles en contra de la persecución, el ajuste, los despidos, la precarización y la entrega de nuestros derechos. Como lo hicieran Maxi y Darío, por quienes seguimos reclamando justicia. Ayer, hoy y siempre.

 

#LaLuchaEnLaCalle #Agmer 

 

Fuente: La Izquierda Diario

 

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